Causa curiosidad que mientras en el Sector Engativá ya hay borrador de decreto que reglamenta la iniciativa formulada relacionada con la Actuación Estratégica (AE) Distrito Aeroportuario, para el Sector Fontibón ningún desarrollador haya hecho público su interés de ejecutar la obra.
Como detenida en el tiempo o despreciada por el apetito de constructoras, inmobiliarias y sistema financiero, la Actuación Estratégica (AE) Distrito Aeroportuario en el Sector Fontibón cumplió un año esperando iniciar la tercera de cuatro etapas: la formulación.
En esta, el desarrollador urbano interesado en ejecutar “la obra” tendría que presentar ante el operador público la propuesta de intervención para llevar a cabo las acciones y directrices establecidas en la Resolución 0289 de 2023, que reglamenta la AE. La propuesta debe contener como mínimo:
1. Paquete de planos con la propuesta de vías, espacio público y equipamientos; usos y aprovechamientos de suelo; entre otros.
2. Modelo socioeconómico, de gestión y gobernanza, es decir, las reglas de participación y toma de decisiones entre Estado, comunidad y, obviamente, privados.
3. Reparto de cargas (contraprestaciones) y beneficios urbanos, e instrumentos de planificación, gestión y financiación.
4. Soporte del cumplimiento de política de protección a moradores y actividades productivas, que tal como está, no los protegería.
Sin embargo, causa curiosidad que mientras en el Sector Engativá ya hay borrador de decreto que reglamenta la iniciativa formulada, para el Sector Fontibón ningún desarrollador haya hecho público su interés, a pesar de que la intervención será de poco más de 529 hectáreas, lo equivalente a 5 veces el Parque Simón Bolívar, el 20% de lo que hoy conocemos como localidad de Fontibón.
La duda se acrecienta si se tiene en cuenta el afán de Claudia López, quien firmó más de 40 decretos reglamentarios del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en 2023, y de la Secretaría de Planeación, que cumplió a contrarreloj con la primera fase: la radicación de la iniciativa en enero de 2023; y también con la segunda: expedir las Directrices mediante la Resolución 0289 en febrero del mismo año, siendo la segunda AE en ser reglamentada, después de la hasta ahora fracasada AE Ciudadela Educativa y del Cuidado.
El panorama se aclara al escuchar a Miguel Silva Moyano, secretario de Planeación, planteando que la Administración quiere revisar las actuaciones estratégicas, posición que comparten concejales tanto de oposición como gobiernistas, con objetivos y argumentos diferentes, claramente.
La bancada de gobierno, especialmente la concejal del Centro Democrático, presidente de la Comisión del Plan del Concejo y expresidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, Sandra Forero, pide la revisión de las AE para liberar más de 7.400 hectáreas de suelo que están congeladas hasta diciembre de 2027. Por su parte, la oposición considera que no ha habido la suficiente concertación y participación de los moradores de los sectores en los que se desarrollarán las AE, ni en los decretos reglamentarios del POT, lo que reconoció Silva Moyano cuando afirmó en un debate sobre las AE en la Comisión de Plan del Concejo, que hay una brecha en la participación y que “las actuaciones estratégicas sin legitimidad social y política no van a tener la posibilidad de mejorar la calidad de vida para las personas en Bogotá”.
Aunque lo evidente es que pocos quieren que las AE se implementen como están hoy, también es claro que la administración Galán está de acuerdo en el fondo con la concejal Forero, pues busca priorizar la reactivación de la construcción y la generación de suelo para vivienda. Frente a esa profundización en el modelo de ciudad, ni la nueva estrategia de participación que plantea Planeación, así sea la mejor, parece que será suficiente. Eso lo confirma el proyecto de Plan Distrital de Desarrollo (PDD) de la Alcaldía de Bogotá, y que luego de ser conceptuado por el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD), la máxima instancia de planeación participativa de la ciudad, tendrá que radicarse para discusión y votación del Concejo, teniendo o no en cuenta el concepto del CTPD.
Habilitación de suelo; agilidad en los trámites de gestión de proyectos urbanos, priorizando las renovaciones urbanas que se aplicarán en más de 6.800 hectáreas, el 19% del suelo urbano de Bogotá; aumentar las obligaciones para los desarrolladores en suelo de revitalización y renovación urbana; o facultar al Alcalde para priorizar y delimitar de nuevo las AE, son algunas de las propuestas que vienen en el proyecto de articulado de PDD.
También incluye el preocupante programa Bogotá Ciudad Portuaria, que busca fomentar “la reactivación económica y el desarrollo turístico, empresarial y logístico de la ciudad”, y crear la Comisión Intersectorial de Bogotá Ciudad Portuaria. Las metas de este programa se resumen en un modelo de gobernanza colaborativa; estrategias de competitividad del Distrito Aeroportuario y posicionamiento de Bogotá como plataforma turística nacional e internacional; y formación en apropiación de ciudad para 150 prestadores de servicio turístico. En resumen, adaptar el entorno urbano, nuestros barrios, a las actividades aeroportuarias propias de Eldorado, lo que generará sí o sí el desplazamiento urbano de una buena cantidad de habitantes y barrios tradicionales de una parte de la Localidad de Fontibón.
A pesar de que el Distrito Aeroportuario propone algunos proyectos necesarios para Fontibón, como la ampliación o construcción de vías, espacio público o infraestructura, y demás que no se hicieron en 70 años, sería a costa de aceptar el alto riesgo de que el suelo y territorio de los fontibonenses quede en manos que no lo han construido, con precios y condiciones que podrían ser más justas.
Raya en el absurdo la coincidencia del nombre del aeropuerto con la leyenda de la época de la Conquista, en la que supuestamente los españoles hacían el cambiazo de sus espejos por el oro de los originarios. Hoy nos piden tierra.
Coletilla. A propósito del concepto del CTPD sobre el PDD y la designación del Rector de la Universidad Nacional en la que se posesionó el ilegítimo Peña en lugar de Leopoldo Múnera, ganador de la consulta, hay que ir por una democracia en la que la ciudadanía pueda realmente incidir y decidir. Basta de democracia consultiva.
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