Carnadas de gobernanza y otras patrañas con las que el pez grande se come al chico.

Carlo Martínez, director de Amphibia y veedor ciudadano del Distrito Aeroportuario.

Con su usual y predecible desconección de la realidad, la Organización de Naciones Unidas seleccionó a Bogotá como sede del Día Mundial de las Ciudades, “una conmemoración … que resalta el papel de las ciudades en el avance del desarrollo sostenible”, según Onu Hábitat, y que se celebró durante los pasados 30 y 31 de octubre.

Increíblemente, la postulación hecha por Galán fue aceptada, como si este mismo alcalde que pretende hacer renovaciones urbanas que suman más de 7 mil hectáreas, un espacio equivalente o mayor a la segunda localidad más grande de la ciudad, Usaquén, no fuera el mismo que grandes empresas financiaron en más del 66% de su campaña a la Alcaldía de Bogotá. 

Una investigación publicada por La Silla Vacía en diciembre de 2023 deja en evidencia cómo la campaña de Galán fue fondeada por poderosos interesados en invertir en la ciudad, como la Fundación ProPública, una organización “sin ánimo de lucro” liderada por la Familia Echavarría, dueña de Organización Corona y que también financió a Fico Gutiérrez, Eder, y Peñalosa en 2015. También pusieron su “granito de arena” la Organización Ardila Lülle, el Grupo Santo Domingo mediante Bavaria y Valorem, Colpatria, el Grupo Empresarial Bolívar con Davivienda y Seguros Bolívar, y curiosamente otros cercanos o parte del negociazo de la construcción. 

Durante el Día Mundial de las Ciudades, el 30 de octubre se realizó el Foro: Bogotá Ciudad Aeropuerto, con el que la Alcaldía y la Secretaría Distrital de Planeación impulsaron el programa del mismo nombre aprobado en el Plan Distrital de Desarrollo, y que complementa tanto la Actuación Estratégica Distrito Aeroportuario expedida en el POT de 2021 decretado por Claudia López sin participación incidente de las comunidades a pesar de que proyecta intervenir 529 hectáreas en Fontibón y 381 en Engativá, como el megaproyecto ElDorado Max con el que se busca expandir la terminal aérea con una inversión de más de 13 billones de pesos.

En concreto, Bogotá Ciudad Aeropuerto es otra política pública construída con poca o nula participación ciudadana, y que busca “adaptar” el entorno urbano, lo que hoy son barrios, a las actividades propias de ElDorado mediante el apalancamiento de más de 20 billones de pesos en inversión pública, la atracción de más de 691 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa, y una reforma tributaria para dar exenciones en el ICA a inversiones de más de 20 mil millones de pesos para financiar parte de todas las nuevas obras: la prolongación de la Calle 63 hasta Funza, la modernización del aeropuerto, la Nueva Calle 13 y el Centro Internacional Modal Aeroportuario (CIMA) para conectar TransMilenio, el RegioTram de Occidente y tal vez el Metro con El Dorado, la construcción de la ALO, la ampliación de otras calles y demás.

Lo más alarmante de todo es que la falta de voluntad política de la Alcaldía para abrir un canal de participación serio y efectivo, hará que los impactos sobre las comunidades se sientan mucho más: con el aumento de pasajeros y carga viene más ruido, más contaminación del aire por material particulado, y llegarán tres vecinas indeseables: la gentrificación, que implica el desplazamiento forzado de los habitantes tradicionales por medios no violentos como el aumento de arriendos y costo de vida; la turistificación, entendida como la dependencia de un sector urbano hacia las actividades propias del turismo, lo que también desplaza, y, peor aún, incuba el ambiente para la Explotación Sexual y Comercial de Niños Niñas y Adolescentes como lo reconoce el Instituto Distrital de Turismo. Por su parte, en la tugurización las viviendas o barrios se deterioran al punto de que su habitabilidad sea a veces más que precaria. ¿Nombres de ciudades como Medellín, Ciudad de México o Barcelona le dicen algo?

Los proyectos de complejos hoteleros, enclaves empresariales e industriales siendo erigidos o demolidos, enormes masas de edificios para contener decenas de miles personas en pocos metros cuadrados, grandes autopistas, humedales atravesados, casas más y más agrietadas, mayores conflictos entre vecinos por menores cosas, pérdida de la memoria urbana y barrial, contrastan con las deudas históricas del Estado que se dicen que se cumplirán a estos viejos pueblos desde que rodearon a Santafé en su fundación colonial, como la ampliación de vías, más y mejor espacio público, hospitales, centros educativos y de cuidado, acceso a transporte público, y, para todo eso se necesitan metros cuadrados que hoy hay disponibles mayoritariamente en barrios y viviendas que hoy son protegidos sólo por la ley del mercado.

La política de protección a moradores y actividades productivas no les protege, sino que apenas les acoge con unas condiciones difíciles de cumplir para estos barrios de autoconstrucción, muchos de los cuáles siguen incluso sin legalización por parte de la misma Secretaría de Planeación, a los que, verbigracia, no les aplicaría si quiera la política de moradores, según Hábitat, o a los que incluso les podrían caer las tan temidas expropiación y declaratoria de bien de utilidad pública. En vez de garantizar las mejores condiciones para quien quiera quedarse y para quien quiera irse, le da más herramientas a los desarrolladores. Atrapados por la mano invisible del mercado.

Todo esto fue avalado por un modelo de participación incipiente. Como ya se ha denunciado antes, la política de moradores se construyó con apenas 12 escenarios de grupos focales en la que participaron “más de 145 personas entre ciudadanos, organizaciones, profesores universitarios, expertos, representantes de organismos multilaterales y representantes de gremios”, 5 talleres con comunidades entre noviembre de 2022 y febrero de 2023, entre las que no estuvo la de Puerta de Teja, el barrio de Fontibón propuesto por Planeación como piloto de la política de moradores con la reubicación de más de 2 mil viviendas.

Así mismo, cuando en marzo del 23 Planeación expidió la Resolución 0289 que reglamenta el Distrito Aeroportuario mediante unas directrices, se descubrió que no hubo socializaciones previa de estas en las JAL, las Juntas Comunales u otros espacios, pero se expidió la norma con soportes de socialización de otros temas como las nuevas UPL, los Días de campo con las Alcaldías, reuniones con la Cámara de Comercio de Bogotá y la Zona Franca de Bogotá, y diálogos con Camacol a quienes se les daban mayores y mejores detalles del futuro proyecto.

A pesar de que según la norma la participación se debería realizar en la penúltima etapa del proyecto, la ciudadanía organizada logró la reformulación de la Resolución 0289 con mayor participación que antes, y que hoy se encuentra a punto de ser tumbada por una nueva resolución con unas nuevas directrices, que aún se desconoce si serán mejores o peores; no obstante estas serías y válidas críticas y preocupaciones ciudadanas, nada de esto se dijo en el Foro: Bogotá Ciudad Aeropuerto. Con la apabullante complicidad de dicho silencio, este pequeño avance ciudadano del que aún es incierta su efectividad fue presentado por Planeación como un triunfo en su modelo de gobernanza, cuando ni siquiera lograron garantizar la participación dentro del pequeño Comité Ciudadano que coordina. 

Los grandes capitales siguen especulando y pronto podrían acumular suculentas rentas con los negocios que se pueden hacer en el suelo contiguo al aeropuerto más importante de latinoamérica. Así sucede siempre: carnadas de gobernanza y otras patrañas con las que el pez grande se come al chico.